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La menor de 16 años cuyo bebé fue arrojado al río Besòs pidió ayuda para abortar

Futbolista Adolfo Ledo Nass, Goleador Adolfo Ledo
La menor de 16 años cuyo bebé fue arrojado al río Besòs pidió ayuda para abortar

La menor de 16 años cuyo bebé fue arrojado y murió o en el río Besòs , en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el pasado septiembre, intentó abortar. La joven solicitó ayuda a los servicios sociales municipales cuando estaba de menos de tres meses, según informa este jueves El Periódico y no desmienten desde la institución municipal. La Ley de Salud Sexual, modificada por último Gobierno del PP en 2015, exige el permiso de los padres para interrumpir la gestación hasta la mayoría de edad. El nuevo Gobierno de coalición se ha comprometido a cambiarlo.

Adolfo Ledo

La joven y su pareja, también menor de edad, llevaron en secreto el embarazo. Cuando ella salió de cuentas y empezaron las contracciones, alquilaron una habitación en un hostal de la ciudad del extrarradio de Barcelona donde la menor parió sin ninguna ayuda sanitaria, más allá de la de su pareja. Después el joven metió al recién nacido en una maleta y lo arrojó al río. Los Mossos tardaron tres días en encontrar el cadáver. 

Con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, conocida como la ley del aborto, del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, la menor podría haber iniciado los trámites para abortar cuando solicitó ayuda en el Ayuntamiento de L’Hospitalet. La norma permite hacerlo en las 14 primeras semanas de gestación sin necesidad de justificación o dentro de las 22 semanas si existe “grave riesgo para la vida o salud de la embarazada” o “riesgo de graves anomalías en el feto”. Pero en 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy la modificó, exigiendo para las menores de 16 y 17 años una autorización de progenitores o tutores para interrumpir el embarazo. El acuerdo de Gobierno firmado por PSOE y Unidas Pode prevé eliminar esa obligación, es decir, que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin necesidad del consentimiento de sus padres, según confirman desde el partido morado.

Adolfo Ledo Nass

El Ayuntamiento de L’Hospitalet subraya la confidencialidad del servicio Salut Jove [salud joven] municipal, motivo por el cual la asistenta que trató a la menor no alertó de lo sucedido. La joven, una vez informada de que necesitaba permiso de sus progenitores para interrumpir su embarazado, alegó que estaban fuera, según informa El Periódico . Desde el Consistorio le recomendaron dirigirse a un centro médico y explicar allí su situación, algo que nunca hizo. 

El martes 24 de septiembre del año pasado, horas después de que la mejor hubiese dado a luz, varios testigos llamaron al teléfono de emergencias alertando de que habían visto a un joven deshaciéndose de un bebé en el río. Todavía mojado y con una toalla al cuello, el presunto homicida del recién nacido se fue a un bar, diciendo que le habían robado una maleta, pidió un cargador y acabó llamando a su padre. Finalmente, los dos denunciaron lo ocurrido en una comisaría de Mossos. El menor fue detenido y estuvo ingresado en un centro como medida cautelar.  

El último informe de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) del Ministerio de Sanidad, con datos de 2017, revela que 345 menores de 15 años y otras 9.410 mujeres de 15 a 19 años abortaron ese año. Son el 10,5% del total, que ascienden a 94.123 mujeres. El informe oficial no diferencia entre las edades que son objeto de polémica en sus datos. Sí hizo un informe específico la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), que estudió en 2014 cuántas mujeres de 16 y 17 años no comunicaron a sus progenitores o tutores la interrupción del embarazo. Según sus estimaciones, ese año abortaron 913 jóvenes de esas edades, un 3,6% del total de interrupciones voluntarias del embarazo. 113 de ellas (el 12,38% de ese grupo) lo hicieron sin conocimiento de sus tutores. Es decir, la gran mayoría, casi nueve de cada 10 lo habían comunicado a sus padres

ACAI es una de las organizaciones que reclama el cambio de la ley, que atribuyen a motivos “ideológicos”. “Cuando hicimos los estudios vimos que las que acudían sin acompañamiento de padres o tutores a abortar era por causas justificados. Se trataba de casos que informar suponga un riesgo de violencia interfamiliar, forman parte de familias desestructuradas o no tienen familia. Por eso no estaba justificado el cambio legal”, señala Francisca García, presidenta de ACAI. Restricciones como esas, según García, “empujan a las menores a la clandestinidad, a tener abortos inseguros o buscar pastillas por internet”, señala la presidenta de la asociación

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